ADFL Servicios Jurídicos Limitada

La sociedad tendrá por objeto exclusivo la prestación de servicios profesionales jurídicos y legales a personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado, nacionales o extranjeras; la asesoría, consultoría, orientación, estudio y análisis en toda clase de materias jurídicas; la defensa, patrocinio, representación y comparecencia judicial y extrajudicial de sus clientes ante toda clase de tribunales ordinarios, especiales, arbitrales y superiores de justicia, así como ante órganos de la Administración del Estado, municipalidades, organismos autónomos, entidades fiscalizadoras y, en general, ante toda autoridad pública o privada. El patrocinio y la defensa técnica de los asuntos encomendados a la sociedad serán ejercidos por abogados habilitados para el ejercicio de la profesión, mientras que la representación, procuraduría, tramitación, seguimiento, gestión y realización de actuaciones, diligencias y presentaciones judiciales o administrativas podrán ser efectuadas por abogados, procuradores del número, estudiantes o egresados de Derecho legalmente habilitados y demás personas que, conforme a la legislación vigente, se encuentren facultadas para actuar en juicio o intervenir en la tramitación de los respectivos asuntos, siempre dentro del ámbito de sus atribuciones, habilitaciones y limitaciones legales. Asimismo, la sociedad tendrá por objeto la preparación, redacción, revisión, presentación y tramitación de demandas, denuncias, querellas, contestaciones, excepciones, recursos, reclamaciones, escritos, solicitudes, contratos, escrituras, convenios, informes, minutas, dictámenes, instrumentos públicos o privados y toda clase de actuaciones o documentos de naturaleza jurídica; la representación y defensa de los intereses de sus clientes en procedimientos judiciales, administrativos, disciplinarios, arbitrales, de mediación, conciliación, negociación y resolución alternativa de controversias; la realización de cobranzas judiciales y extrajudiciales; la elaboración de estudios, investigaciones, informes y opiniones jurídicas; la gestión y realización de trámites ante tribunales, notarías, conservadores de bienes raíces, archiveros judiciales, receptores judiciales, servicios públicos y demás organismos o entidades públicas o privadas; y, en general, la ejecución de todos los actos, contratos, gestiones y actividades profesionales que se relacionen directa o indirectamente con los objetos señalados, que sean conducentes a su realización o necesarios para el cumplimiento de los encargos profesionales encomendados a la sociedad, sin perjuicio de que aquellas actuaciones que la ley reserve exclusivamente a abogados o a otras personas especialmente habilitadas sean ejecutadas únicamente por quienes posean la correspondiente habilitación profesional o legal.